Lo trágico en el mundo de las profecías relativas al derecho de autor es que siempre acaban cumpliéndose. Hace ya algún tiempo, pronostiqué en uno de mis artículos para La Voz de Asturias que a los lobbies del copyright y las gestoras de derechos de autor nunca les resultaría suficiente todos los atropellos a las libertades ciudadanas cometidos en nombre de la aristocracia cultural.

Como el dinero carece de ideología, los partidos mayoritarios, apoyados por algunas formaciones conservadoras como CiU, cantaron a una con el anterior Gobierno -progresista y socialdemócrata- para no enmendar una disposición adicional en la Ley de Economía Sostenible que abría la puerta al cierre de webs con una supervisión judicial exigua.

La impulsora del texto, Ángeles González-Sinde, pasará a la historia como una de las ministras de cultura que más perjuicio ha causado a la libertad de expresión en la red de nuestro país, provocando varas acciones de protesta como el ya histórico #manifiesto, o iniciativas ciudadanas como el movimiento #nolesvotes. Aterrados por las posibles consecuencias de sus acciones, los impulsores de esta normativa comenzaron una campaña de intoxicación informativa como pocas hemos visto en nuestra democracia, incluyendo mentiras sobre los movimientos anteriormente citados y las palabras del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo el cuajo de afirmar que “no se iba a cerrar ninguna web” ante la prensa. Mientras tanto, las gestoras presumían de haber colado un gol a la ciudadanía digital.

Afortunadamente para los internautas, la Ley Sinde demostró su utilidad a los pocos meses de ser definitivamente aprobada por el nuevo Gobierno del PP: apenas ninguna. A pesar de las trampas jurídicas y tecnológicas que se impusieron a los defendidos, de las cuales ya dejaron testimonio abogados especializados en Propiedad Intelectual como David Bravo, el resultado de la Ley Sinde es tan penoso como ridículo. Ahí siguen las páginas de enlaces y el intercambio de archivos a través de redes P2P. Ahí siguen SeriesYonkis, Exvagos, Papyrefb2 y demás portales.

Se había sentado, sin embargo, un peligroso precedente en la escalada de la persecución del libre intercambio de cultura: como los excesos del anterior ejecutivo se demostraron inútiles, el actual ha tenido que subir el listón todavía más alto. Tan alto que es muy posible que el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, conocido coloquialmente como Ley Lasalle, tenga éxito en el gran efecto secundario de estas normativas: minar nuestra libertad y amputar derechos ciudadanos que tanto nos costó conseguir.

Solidaridad prohibida

No me extenderé en ennumerar los perjuicios -y son muchos, créanme- que incluirá la nueva normativa de ser aprobada con su redacción actual. Basten citas al artículo que, a tal efecto, escribió David Bravo sobre la materia, donde especifica que la copia privada desaparecerá tal y como la conocemos:

La Ley define ahora expresamente lo que es “acceso legal” y lo restringe a las copias que se hagan de un soporte original -por lo que la obra ha de estar adherida a un soporte- y siempre que lo hayas adquirido en propiedad por haberlo comprado, excluyendo así copias de obras originales pero alquiladas e incluso las que se hacen de un original que te presta un amigo. Además se exige que esa copia del original que has comprado la hagas por tus propios medios, si la haces “con asistencia de terceros”, será ilícita.

Quizá me equivoque, pero es probable que todos los políticos que piensan votar a favor de esta ley grabasen alguna vez una cinta de casete con mezclas de sus canciones favoritas. Apoyarán, por lo tanto, la ilegalización de una práctica de la que ellos mismos disfrutaron y que, en opinión del que suscribe, tuvo un papel fundamental en el acercamiento de la cultura a los colectivos que no se podían permitir comerciar con la misma. Defina ahora hipocresía.

Pero eso no es lo peor; al menos, todo lo peor. La nueva ley abrirá una puerta para que gobernantes menos demócratas utilicen el derecho de autor como herramienta de censura. Volviendo a citar a Bravo:

El hincapié que se ha hecho siempre en las páginas de enlaces es porque la Comisión parece haber sido creada expresamente para acabar con ellas saltándose a los jueces. No obstante, aunque siempre se pongan estas páginas como ejemplo, nada impide que el procedimiento ante la Comisión Sinde-Wert se dirija contra cualquier otro tipo de web, como de hecho ya está sucediendo a día de hoy. Es más, ni siquiera se requiere lucro por parte de la web, sino que basta con que su actividad “sea susceptible de causar un daño patrimonial”.

Busquen, si pueden, alguna web hispana que no incluya contenidos bajo protección de copyright. Imágenes, GIF’s, retoques con PhotoShop… aquí les espero hasta que vuelvan.

¿Ya han regresado? Entenderán, ahora, el verdadero alcance de la normativa que se pretende aprobar. No existe en el mundo real mecanismo equiparable a este, a excepción de los últimos experimentos sobre censura de las ideas llevados a cabo por un puñado de dictaduras.

El Gobierno satélite

¿Recuerdan cómo se recrudeció la oleada de recortes en España? Yo sí: fue después de una llamada telefónica de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de nuestro Gobierno. De forma similar, la inclusión de nuestro país en el informe 301, una supuesta lista de los países más ‘piratas’, aterrorizó de tal forma a nuestros representantes que cambiaron la soberanía residente en el pueblo por la de Washington y la industria norteamericana.

Hoy es otro Gobierno el que hinca la rodilla, pero el ansia de servidumbre es igual o más fervoroso. Tras la reunión ‘secreta’ de Mariano Rajoy con Christopher Dodd -presidente de la Motion Picture Ass. of America, una de las organizaciones más odiadas en EEUU por los defensores de los derechos digitales- el fantasma de la 301 volvió a recorrer los despachos de La Moncloa y se aceleró la presentación del proyecto presentado hoy en Consejo de Ministros. Parece una película del tardofranquismo, pero no lo es.

La reacción

Hace falta ser muy burro para conseguir que los internautas, las operadoras de internet y el resto de prestadores de servicios en la sociedad de la información vayan todos a una contra la normativa, pero eso es lo que, una vez más, pasará si este texto no se modifica, atempera o incluso elimina. La prensa tradicional está en crisis, los blogs y redes sociales se multiplican. La ciudadanía ya no es rehén de unos medios complacientes con el poderoso; tiene dónde elegir, y no me refiero a los canales de TDT.

Ya lo hemos visto antes: la reacción de los internautas no será de bajo calibre. Al ilegalizar de tal forma el intercambio de bienes culturales y estabular la libertad de expresión de los ciudadanos como si fueran un rebaño de cabras, el Gobierno está apunto de convertir la solidaridad en un acto de protesta e insurrección. No me parece una política demasiado sensata, sobre todo si quieren seguir triturando a los paganos.

Los internautas están de nuevo en lucha. El objetivo: defender una legislación moderna que facilite el intercambio cultural y que busque, de verdad, el beneficio de quienes de verdad enriquecen el honroso legado de este país, frenando a una tropa de oligarcas que han secuestrado tan elevado concepto con sus recopilaciones de recopilaciones, galas de premios que rascan barrigas y ‘rescates’ de obras pertenecientes al dominio público para aplicarles nuevas y bien engrasadas cadenas. Hoy, más que nunca, es el momento de luchar por la red y el mundo que queremos.

Imagen: Flickr | Cyberslayer