Julio César Herrero, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Camilo José Cela, es también periodista y columnista en La Voz de Asturias. Siempre resulta una lectura interesante para los lunes, aunque con él me pasa lo mismo que con Pérez-Reverte: coincido con muchas de sus columnas, pero hay alguna que se me atraganta.
Esta semana es una de esas veces. Bajo el título de Aviso a navegantes, Herrero ha comentado algunas cosas sobre copia, descargas y propiedad intelectual; por ello, me gustaría realizar ciertas observaciones. Pensaba publicarlas en un comentario, pero creo que es mejor ponerlas también como entrada en mi blog, para extender un poco el debate. Espero que no le importe que haga un poco de fisking para ello, es más cómodo a la hora de redactar. Dice Herrero:
Todo creador tiene plenos y exclusivos derechos sobre la explotación de su obra. Sólo a él corresponde la decisión de si la vende, la regala o cobra un porcentaje por su consumo. Las páginas webs que deseen ofrecer la obra – bien como vía de negocio o por el hecho simplemente de ofertar un servicio gratuito- deberán contar con la autorización del creador y pactar con él las condiciones.
Teniendo en cuenta que el debate sobre la música está comenzando a superarse, tomemos el caso más sangrante de la actualidad: el comercio del libro.
Lo que describe el párrafo sería ideal. Pero en la actualidad no ocurre, porque el autor comparte los derechos de su obra con dos organismos mucho más exigentes que la red: editoriales y gestoras. Una página web que desee publicar una obra no ha de negociar solo con el autor; de hecho, los acuerdos con editoriales por derechos de republicación, precios y, en su caso, traducción, son mil veces más duros que los acuerdos que pudieran cerrarse con el propio autor.
Lorenzo Silva, nada sospechoso de defender la mal llamada cultura del todo gratis, se quejaba hace poco de no tener una edición digital de su última novela a un precio asequible porque su editorial se neiga en redondo.
Ningún creador fuerza a un potencial cliente a pagar por la obra si no quiere consumirla; pero si lo hace, deberá pagar por ello, si el creador la ha concebido con el sano y legítimo propósito de enriquecerse a su costa.
Existe un lugar donde esta afirmación no tiene base, y se llama biblioteca. Cuando una biblioteca adquiere un libro, los beneficios que el autor dejará de obtener por cada préstamo son ingentes si se trata de un best seller. Es cierto que el canon a los libros (que ya he criticado) se creó para cubrir esas pérdidas. Pero no llega, ni por asomo, a la cifra total.
Voy más lejos: ¿Qué pasa con iniciativas como el BookCrossing? Porque es toda una red P2P. ¿Cuántas pérdidas ha generado esta actividad? Si aplicásemos el mismo alarmismo de los estudios sobre la red a estas formas de intercambio, nos saldrían cifras de escándalo.
Otro de los argumentos que han esgrimido quienes se oponen a la Ley – concretamente, la Asociación de Internautas- es que supone un atentado a la libertad de expresión e instaura la censura en Internet. La libertad de expresión es el derecho que ejerce quien crea una obra, no quien la consume. Impedir que alguien robe nada tiene que ver con la censura. Que el objeto robado sea un libro, una canción o una película no cambia en absoluto el tipo delictivo.
Problema: descargar no es delito ni robo. No lo digo yo, lo dicen los juzgados y muchos juristas. De hecho, esa fue la principal razón para crear esta aberración jurídica: si el juez no te da la razón, reduce la competencia del juez.
Nadie ha sido condenado por robo por descargarse un libro. Si robo un libro de una librería, esta se queda sin dicho libro. Si lo copio, el libro no desaparece.
Lo malo de la Ley Sinde no es que amenace, en sí misma, a la libertad de expresión. Es que combina, de forma torticera, con el exiguo derecho de cita que contempla nuestra normativa. En EEUU, donde la legislación contra las descargas es más dura (pero casi igual de inútil), existe una cosa llamada fair use, un criterio de jurisprudencia que permite el uso de material protegido por derecho de autor sin necesitar de permiso previo, siempre y cuando sea con fines informativos, educativos o sin ánimo de lucro.
En España eso no existe. Por ley, los únicos supuestos que ampara el derecho de cita son la investigación y la educación. Por tanto, cada vez que utilizamos un cartel de cine para ilustrar el comentario de una película, cada vez que extractamos un capítulo o sinopsis de un libro y cada vez que publicamos cualquier contenido, aunque sea para darle publicidad, es una posible infracción al derecho de autor, si antes no hemos solicitado permiso para ello.
Ahora parémonos a pensar en todos los blogs, conocidos y desconocidos, que realizan dicha práctica. La mayoría; ya que, a pesar de la ley, España suele ser tolerante con este tipo de acciones.
Así pues, he aquí como se puede cerrar cualquier web utilizando la Ley Sinde:
- Mengano publica en su blog un artículo criticando a Eddie el Flautista.
- Eddie el Flautista quiere cerrar el blog de Mengano.
- Eddie el Flautista descubre en el blog de Mengano una Imagen de Marca, que regenta un amigo suyo.
- Flautista llama a su amigo, y le convence para utilizar la Ley Sinde para cerrar el blog de Mengano. Al fin y a la postre, la imagen de marca la colgó Mengano sin autorización previa.
- Comienza el proceso ultrarápido de la Ley Sinde contra el blog de Mengano.
Sí, es un caso exagerado. Sí, tal vez el juez tuviera sus dudas sobre este apartado. Pero, ¿de verdad debemos legislar confiados en el buen hacer de la industria? Veamos un pequeño ejemplo de todo el brazo que nos cogen al dar la mano:
- Amazon habilitó el préstamo de libros en el Kindle. Por miedo, casi todas las editoriales lo deshabilitaron.
- Llegó el libro electrónico, y las editoriales lo plagaron con DRM. Algunos intermediarios como Libranda, pasaron de los usuarios de Kindle y convirtieron la experiencia de comprar un libro electrónico en un verdadero infierno.
- El ministerio de Cultura ha iniciado un plan de préstamo de lectores de tinta electrónica en las Bibliotecas Públicas. Pero como no hay acuerdo con las editoriales, solo se pueden leer libros en dominio público. Del préstamo a través de web ya ni hablamos.
La Red está forzando a una reflexión sobre diversos aspectos en los que parecía haberse alcanzado ciertos consensos. En eso consisten las revoluciones. Obligan a repensar cuestiones que estaban asentadas y a adaptarse a nuevos escenarios. Debe hacerse con sumo cuidado y, en este caso, intentando no perjudicar a quienes probablemente más contribuyen a que Internet sea la mayor ventana al mundo jamás abierta: los creadores.
Para este párrafo no tengo ninguna objeción. Pero con demasiada frecuencia se confunde el interés de los creadores con el de los intermediarios o gestores. De todas formas, no vendría mal una buena dosis de sinceridad por la otra parte. De forma similar a cuando nos llaman piratas, proxenetas, traficantes, pendejos electrónicos y otras yerbas, quizá convendría revelar aquí la máxima sobre la que se asienta la anquilosada industria de los contenidos: extender la cultura es bueno, hasta que conlleva una pérdida significativa de sus oligopolios.
En general todo se reduce a que los usuarios vamos ganando. Si el abuso fuera a la inversa, muchos de los que ahora claman por derechos no dirían ni pío. Como no lo dicen de los libros encadenados a lectores y personas que menciona el blog Literatura electrónica:
Estas Navidades, para seguir en Escandinavia, me regalaron una novela de Henning Mankell que ya había leído. Fui a la librería y la cambié por un ejemplar de Si me querés, quereme transa, de Cristian Alarcón, que a mi vez regalé para Reyes. Con esta sencillísima operación, cambié mínimamente la cuenta de resultados de dos editoriales: Tusquets y Norma. Nunca me habría sido permitida tal herejía con un ebook. Es más, si compro un ebook que después me decepciona, tengo que cargar con él para siempre o destruirlo: mi capacidad de elección reflexiva queda coartada por los dueños del copyright. No lo puedo devolver, ni cambiar, ni regalárselo a alguien que tal vez lo apreciaría.
Hay quien dirá que esto es reacción en vez de acción. Pero la verdad es que el sector se ha buscado su propia ruina al haberse dedicado, todos estos años, al noble arte de dormir y no reaccionar. Como decían en aquella entrada de BoingBoing, your failed business model is not my problem.
El título de esta reflexión es una pequeña licencia, pero resume bien todo el daño que la primera tentativa de muros de pago causó a los diarios digitales. Cuando sitios como El País decidieron imponer el cobro por acceso a sus noticias, todos los blogs y webs que mencionaban una infomación de dichos sitios incluyeron un pequeño texto, indicando que el acceso al enlace requería una suscripción. Esas tres palabras casi lograron sacar a los pioneros del mapa, en detrimento de rivales directos que ofrecían el mismo contenido en acceso libre.
Esta semana publiqué un artículo de opinión en La Voz de Asturias sobre las protestas en irán, la represión que ejerce el régimen sobre los opositores y el bloqueo permanente a Gmail.